La norma cuestionada no tendría aplicación decisiva en el caso concreto, ya que se origina la gestión pendiente mediante la invocación del procedimiento regulado en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Dentro del ámbito de su competencia, descartándose la falta de motivación del acto cuestionado.

Tampoco se advierte una vulneración al derecho de propiedad de la recurrente.

Los contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad.

El precario es una cuestión de hecho.

Acción se interpuso transcurrido en exceso el plazo fatal de 30 días corridos.

El eventual estado de injusticia material en que se encontraría la recurrente no se deriva de la respuesta dada por la recurrida.

Los hechos que relata la recurrente, tienden más bien a configurar un incumplimiento contractual o infracción a la ley sobre derechos de los consumidores.

Menos por esta vía se puede controvertir la legitimidad de esa normativa.

«Exterminados como Ratones, 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina» fue el titular.