La norma objetada impone una prohibición relativa al patrocinio o a la actuación como apoderado o mandatario de imputados por delitos de esa especie, pero solo respecto de algunos abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados, a cualquier título, en la Administración del Estado.

La requirente señala que debió realizar múltiples trabajos sanitarios que son los que originan los cobros que la Municipalidad le formula y que ésta fijó en una Ordenanza Municipal que dictó al amparo del precepto legal que impugna.

El requerimiento fue desestimado por el TC razonando que para que la aplicación del precepto legal sea contraria a la Constitución, es menester que ella sea el antecedente directo del efecto o consecuencia inconstitucional.

La eliminación de la facultad judicial de no dar curso a la demanda por no presentarse antecedentes suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda, concluye la sentencia, no vulnera los derechos a la igualdad ante ley y la justicia, ni las garantías del debido proceso.

Interesa la sentencia, entre otras consideraciones, por cuanto el TC reitera que no procede la acción de inaplicabilidad si la cuestión sometida a su decisión incide en un conflicto de interpretación legal o atañe al mérito de la norma impugnada, por ser ello ajeno al ámbito de sus atribuciones en esa sede.

Interesa la sentencia, entre otras consideraciones, porque el TC pone de relieve que el precepto legal impugnado tiene que encontrarse en situación de poder aplicarse en la gestión pendiente, solo para una vez resuelto aquello favorablemente entrar a resolver si exhibe o no la aptitud de producir efectos contrarios a la Constitución.

De esta forma, el TC justifica que una ley posterior a un contrato vigente pueda alterar para el futuro el precio o peaje pactado en el mismo, en la medida que la magnitud de la modificación del precio no signifique a su turno una pérdida del lucro para el contratante o una privación del derecho de propiedad en su esencia.