El Tribunal concluye que la acción de inaplicabilidad carece de un requisito esencial de admisibilidad, esto es, que exista la probabilidad de que el precepto legal impugnado pueda ser aplicado.
La sentencia señala que, luego de examinadas las normas constitucionales y legales, que habiliten a este Tribunal para conocer de una reclamación de esta naturaleza, resulta que el sistema normativo chileno no contempla este mecanismo de acción.
No aparecen conductas en relación a los recurridos que importen ilegalidad o arbitrariedad.
Condenó en costas al recurrente.
A la autoridad administrativa denunciada no le asiste a la obligación de renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
El fallo parte por señalar que no es posible acoger la tesis del requirente en la medida, que el objeto de la norma cuestionada no es la aplicación de la pena.
No se vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados.
Controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento o modificación de la relación contractual que liga a las partes con el establecimiento educacional es una materia de lato conocimiento.
Cancelación de la inscripción reclamada supondría sustraer esos bienes del patrimonio de un tercero sin oírlo.
La impugnación se funda sólo en una distinta valoración o apreciación de la prueba.
No es procedente invocar un desconocimiento de las normas legales.
