El objeto de la acción de protección es reestablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias.
La Corte de Arica señaló que la causal de nulidad contemplada por las que correspondería acogerla, habiéndose deducido en forma conjunta con la consagrada en la letra b) del artículo 478, respecto de la cual se desestimó su procedencia, el recurso de nulidad no pudo prosperar.
La Corte de Valparaíso indicó que, es posible concluir que el actuar de la entidad bancaria no resultó ser arbitrario.
Los Ministros García y Pozo estuvieron, con anterioridad, por declarar el requerimiento inadmisible, en atención a que el conflicto constitucional es ajeno a la acción de inaplicabilidad, plateando un problema de determinación del espectro normativo de la ley en el tiempo.
El fallo señala que se trata de la develación de un hecho de relevancia pública, prevaleciendo la libertad de información por sobre el derecho al honor.
El recurrente señala que el Estado no ha adoptado los resguardos que aseguren un vivir tranquilo y pacífico.
La resolución del TRICEL, señala que los reclamantes no lograron desvirtuar los cargos por los que se les sancionaba.
No se acreditó infracción de normas reguladoras de la prueba lo que le impide al tribunal de casación modificar hechos establecidos soberanamente por sentenciadores del grado.
El examen de casación da cuenta que el recurso carece de razonamientos concretos y precisos dirigidos a demostrar errores de derecho de que adolecería el fallo impugnado, limitando su exposición a una enunciación de falta o errónea ponderación de determinados medios de prueba.
La sentencia señala que el requerimiento se estructura sobre la base de cuestiones de mera legalidad, por cuanto intenta crear un conflicto constitucional a partir de una calificación jurídica de la que el requirente discrepa.
