En fallo unánime la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó un recurso de protección presentado por grupo de vecinos y organizaciones ciudadanas, en contra de decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que aprobó proyecto para levantar una planta de la compañía de Cervecerías Unidas (CCU), en Paine.

La Corte Suprema, conociendo de la apelación de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, confirmó el fallo de primera instancia y rechazó el arbitrio constitucional.

Se dedujo acción de protección en contra del Director del Hospital San Martín de Quillota, por parte de un médico, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el hecho consistente en la negativa de acatar la decisión de la Contraloría Regional de Valparaíso respecto del reconocimiento de su fuero gremial, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la sindicalización y del derecho de propiedad.

Se dedujo recurso de protección en contra de la decisión del Presidente de la República de cerrar el Penal Cordillera y, por consiguiente, de haber ordenado el traslado de los internos al centro de detención ubicado en Punta Peuco.

En su sentencia, el Tribunal de alzada capitalino rechazó que la actuación fuera ilegal, toda vez que “responde a una materia que le incumbe informar en razón de la naturaleza de sus funciones, cumpliendo con las exigencias que le impone la normativa citada”.

En sus informes, los recurridos solicitaron el rechazo del arbitrio constitucional, sosteniendo que no son efectivos los hechos alegados.

Se dedujo acción de protección indeterminadamente y de acuerdo a lo fijado judicialmente, en contra de la Municipalidad de Santiago y de la Contraloría General de la República, por parte del Presidente del Comité de una comunidad inmobiliaria, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el hecho consistente en el retiro de los pórticos de ese conjunto habitacional, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del derecho de propiedad.

Se dedujo acción de protección en contra del Inspector Fiscal de la obra “Ruta Camino a Concepción”, por parte de un empresario, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el hecho consistente en la toma de posesión material de un terreno de su propiedad expropiado legalmente, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho de propiedad.

El CPLT precisó que, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 5, 10 y 13 de la Ley de Transparencia, se deduce que si la información solicitada no consta en ninguna de las formas que la propia Ley establece, no existe la posibilidad de acceso a la información pública solicitada, como ha ocurrido en el presente caso.

Se dedujo amparo de acceso a la información –por parte de un particular- contra el Ministerio del Medio Ambiente, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, consistente en la individualización de la autoridad que determinó la omisión de su nombre y grupo de trabajo en informe publicado sobre el cambio climático.