El máximo tribunal peruano estimó que, aún cuando los hechos imputados al actor se llevaron a cabo fuera del horario de trabajo, (aproximadamente 23:00 horas del día 17 de marzo de 2016), ello no eximió que su actuar pudo haber generado daños a terceros.

El Tribunal Supremo concluyó que «el delito quedará consumado si ha sido efectiva la comunicación de la existencia de esa misma llamada efectuada por quien tiene prohibida la comunicación».

Corte de Santiago señaló que no está dentro de las facultades de la recurrida abogada, la de tener acceso a tales documentaciones que son confidenciales.

Corte de Santiago estimó que no existe un acto arbitrario o ilegal que deba ser remediado a través de esta vía cautelar.

Máximo Tribunal señaló que el ejercicio libre del derecho a reunión en el caso no puede imputarse como consecuencia de las acciones de la recurrente

Corte de Arica señaló que la segunda resolución que ordenó su expulsión por ingreso clandestino e infracción de prohibición vigente se encuentra plenamente fundamentada.

La Corte de Santiago declaró que, se pretendió en la acción constitucional ejercida por la empresa Inversiones y Comercio Capellán S.A que la Corte, de una forma u otra, declare que no hubo incumplimiento contractual de su parte, cuestión que es totalmente ajena a la naturaleza y objetivo de un recurso de protección.

El Tribunal de Alzada indicó que, el actuar de la recurrida se encontró amparado en la autonomía e independencia académica que sus propios estatutos y la ley le reconocen.

Recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad sobre lo contratado con la entidad aseguradora.

La Corte de Santiago indicó que, de los antecedentes del recurso y los allegados a esta causa, no permiten concluir la existencia de un supuesto incumplimiento de las obligaciones del contrato suscrito entre las partes que pueda ser reparada por esta acción constitucional