Ambos amparados mantienen pendiente su proceso de regularización.
El amparado se encuentra condenado por delitos contra la propiedad.
La amparada señala que su hogar sufrió daños y fue amenazada por funcionarios.
La Corte de Punta Arenas indicó que, no se advirtió ilegalidad ni arbitrariedad en los actos en que se fundamentó la acción constitucional.
La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Sergio Muñoz, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada de acuerdo a sus propios fundamentos.
La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, no divisó una ilegalidad o arbitrariedad en los actos objeto del recurso.
Máximo tribunal indicó que el actuar del órgano administrativo se encuentra dentro de sus facultades.
El amparo tiene su origen en el hackeo a Carabineros de Chile.
El amparado se encuentra en prisión preventiva desde octubre.
La amparada tendría un perfil de alto compromiso delictual.
