La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2 y 24.
La Corte de Santiago estimó que, no estamos en presencia de renuncias genéricas, sino que de declaraciones expresas y especificas respecto a los derechos fundamentales que sin lugar a duda están comprendidas en los términos de la convención firmada.
La Corte de Santiago indicó que, la sentencia disgregó la relación de hechos que fueron planteados sin solución de continuidad.
La Corte de San Miguel señaló que, el reproche de la actora se orientó en controvertir la calidad de esporádicos de los servicios, cuestión que no es materia de calificación sino de apreciación de prueba, eventualmente susceptible de ser impugnada por una causal distinta.
La Corte de Chillán indicó que, fluye de manera evidente la existencia de una controversia jurídica entre recurrente y recurrida, cuya resolución no puede darse en esta sede de protección de derechos indubitados.
La Corte considera que el recurso únicamente ampara a los particulares en su derecho a la libertad económica, cuando ella resulte afectada por la actividad del Estado.
Sin perjuicio del rechazó del recurso, se remitió los antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes.
La Corte Suprema señaló que, el hecho básico que sustentó la decisión de los sentenciadores, no puede ser modificado.
La recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 de la Constitución numeral 24.
La Corte de Santiago señaló que, el vínculo contractual que unió a las partes está regulado en el cuerpo normativo aplicable en la especie, que es el Estatuto Docente, normativa especial que tiene preferencia sobre el Código del Trabajo.
