Se solicitó declarar inaplicable el artículo 248 del Código Procesal Penal en una causa seguida ante un juez de garantía en la que el querellante se alzó en contra de la resolución que tuvo presente la decisión del Ministerio Publico de no perseverar en la investigación y que le fue comunicada en la audiencia respectiva.El […]

Puntualizan que el bien jurídico protegido por el ilícito en cuestión no es la propiedad en sí, sino el ejercicio de las facultades que derivan del derecho de aprovechamiento de aguas sobre el constitucionalmente se garantiza dominio.

«Las penas que establece el artículo 239 impugnado no son alternativas y el carácter de aflictiva que reviste ha sido definido por el legislador dentro de su legítima discrecionalidad: depende de un juicio de oportunidad o de conveniencia propio de la política criminal».

El procedimiento judicial a través del cual se haga efectivo debe armonizar los bienes jurídicos en pugna, pues si alguien se siente injustamente aludido u ofendido por un medio de comunicación social tiene derecho a demandar de éste una aclaración o rectificación gratuita a través de un procedimiento judicial breve y expedito donde el juez resuelva la controversia con prontitud.

El requirente señala que un inmueble de su propiedad fue adjudicado por la mitad de su valor a la citada institución bancaria en pública subasta decretada por un juez civil, lo que daría derecho a cualquier otro vendedor para rescindir el contrato celebrado por causa de lesión enorme

De ese modo la norma impugnada permitiría que un particular “expropie” a otro particular y en su propio beneficio, creando un privilegio a favor de la actividad económica de generación de energía eléctrica en desmedro de la actividad silvoagropecuaria que es la que desarrolla la peticionaria.

La Defensoría sostuvo que dicha norma infringe los artículos 19 N° 3 y 63 de la Constitución, dado que un DFL no puede ser fuente de delitos ni penas, porque ello supone una infracción al principio de legalidad.

Razonó que ningún precepto de la Constitución ni tampoco de la Convención Americana de Derechos Humanos impiden expresamente la reforma peyorativa por parte de las sentencias que un tribunal superior expida en revisión de una de primera instancia…

El derecho de propiedad sobre las pensiones de orfandad no pagadas de las que se privaría a la requirente en virtud de aplicarse el plazo de caducidad o prescripción establecido en el precepto que impugna; y derecho a la seguridad social que se vería afectado en su esencia por la limitación temporal que la norma establece, son las infracciones constitucionales que se denuncian.

El requerimiento fue acogido a tramitación por la Segunda Sala del Tribunal el día 25 de noviembre de 2008 decretándose la suspensión del procedimiento en el que incide, y la vista de la causa se fijó para el día 23 de abril de 2009.