(…)la Carta Fundamental asegura la admisión a todas las funciones y empleos públicos “sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes”, naturalmente da margen para considerar las condenas penales que puedan presentar los postulantes interesados en ejercer dichos cargos…

Se trata, prosigue el fallo, de una atribución de índole no jurisdiccional, condicionada a la aprobación del tribunal competente, previa verificación de los requisitos aludidos, y se agrega que el procedimiento abreviado es un procedimiento excepcional que no constituye, bajo ningún parámetro, un derecho del imputado, derecho que radica en la opción del juicio oral, público y contradictorio.

En cuanto a la denunciada vulneración del derecho a la vida e integridad física, connota que aquel es precisamente el objeto de la gestión pendiente y que el Tribunal no puede, simplemente, dar por ciertas las palabras de la actora, ya que es ésta quien debe, en el juicio de fondo, demostrar sus dichos con evidencia.

Cita luego la doctrina que fluye de las decisiones que adoptó en los roles 1544, 1644, 1572, 1598 y 1629, para poner de relieve que debe distinguirse la fecha del contrato de salud previsional al momento de resolver si procede acoger o no un requerimiento de esta naturaleza.

Para resolver si se infringe la igualdad ante la ley, el Tribunal razona que se debe analizar si la diferenciación legislativa obedece a fines objetivos y constitucionalmente válidos, y si la distinción es racional y proporcional.

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional los artículos 30, inciso tercero, en la parte que se indica,  y 34, inciso primero, ambos del Decreto Ley N° 3.538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros; 35 del Decreto Ley N° 1.263,  de 1975, y 2º, numero 2, letra b), del Decreto con Fuerza […]

La sentencia, en sucesivos apartados, examina la expropiación en nuestro sistema constitucional, la relevancia de la indemnización y la fórmula nacional de la indemnización -daño patrimonial efectivamente causado- que establece el texto constitucional.

“Que la disposición…, sólo en cuanto confiere una nueva atribución a los Juzgados de Policía Local, es orgánica constitucional y constitucional”, por lo que concluye que el control que ejerció en esa ocasión es distinto, por su naturaleza, al debe realizar en este proceso de inaplicabilidad.

La solicitud de acceso a la información fue negada luego de ser puesta en conocimiento del tercero directamente afectado que se opuso a su entrega. En su decisión el CPLT razona que “sin perjuicio que la Seremi invoca como fundamento de su denegación una oposición anterior del tercero involucrado –formulada, además, cuando aún no se […]

El Ministro Fernández Baeza consideró (…) «improcedente la condena en costas que se impone a la requirente, puesto que ello es incompatible con el acceso a la justicia constitucional…»