Se solicitó declarar inconstitucional determinados autos acordados dictados por la Corte Suprema para que no fueran aplicados en una causa por secuestro calificado y desaparición forzada de personas de que conoce un ministro de fuero de la Corte de Santiago, “Episodio Tejas Verdes”, por contravenir la Constitución.

El Tribunal resolvió que los contenidos normativos de las disposiciones citadas inciden en materias reservadas por la Constitución al legislador orgánico constitucional, al establecer dichos preceptos modos de participación de los pueblos indígenas en los niveles nacional, regional y municipal de administración, que la Constitución reserva a esa clase especial de leyes.

El TC resolvió que el requerimiento no cumplía con el presupuesto constitucional de que “la impugnación esté fundada razonablemente”.

Se acepta que para cumplir con el mandato constitucional de dar asistencia a quienes no puedan procurársela por sí mismo el legislador emplee el medio de obligar a los abogados a desempeñar esta tarea –en forma excepcional y supletoria-, pero ello no autoriza a que se omita remunerar por dicha labor profesional.

En el Senado se puso de relieve que la utilización del mecanismo gradual, basado en la territorialidad, facilita que el nuevo sistema de enjuiciamiento sea monitoreado, evaluado y, eventualmente, corregido, minimizando los trastornos que la instalación de procesos de tanta complejidad como éstos implican.

En su sentencia el TC razona que, desde el punto de vista del derecho de propiedad, el citado Decreto Ley ha establecido un modo especial de adquirir el dominio, vía prescripción, lo que se encuentra dentro de su competencia, conforme a la normativa constitucional aplicable (art. 19 N° 24, inciso segundo).

Interesa la sentencia, entre otras consideraciones, porque el TC pone de relieve que el precepto legal impugnado tiene que encontrarse en situación de poder aplicarse en la gestión pendiente, solo para una vez resuelto aquello favorablemente entrar a resolver si exhibe o no la aptitud de producir efectos contrarios a la Constitución.

En mérito de lo certificado por el TOP que dictó el segundo fallo condenatorio que da cuenta que declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado.

La Sala designada resolvió que el requerimiento no cumplía con la exigencia constitucional de la existencia de una gestión pendiente seguida ante un tribunal ordinario o especial.

De esta forma, el TC justifica que una ley posterior a un contrato vigente pueda alterar para el futuro el precio o peaje pactado en el mismo, en la medida que la magnitud de la modificación del precio no signifique a su turno una pérdida del lucro para el contratante o una privación del derecho de propiedad en su esencia.