«El Tribunal se encuentra obligado a respetar la competencia de los jueces del fondo y a aplicar el principio de deferencia razonada hacia los poderes del Estado».
Los diputados Escobar, Espinoza, Issasi, Meza, Monsalve, Peréz Arraigada, Saffirio, Sepúlveda, Sule y Venegas proponen modificar la Carta Fundamental para “buscar formulas prácticas que permitan al Pueblo ejercer su derecho soberano sobre Chile”, ya que la referencia al pueblo que se hace en el articulo 5 de la Constitución, que es quien ejerce la soberanía […]
La Primera Sala del TC, por unanimidad, declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad por el que se impugnaba el artículo 64 de la Ley Nº 19.300 y una norma de su Reglamento, en el contexto de un reclamo de ilegalidad. Interesa esta sentencia, entre otras consideraciones, por cuanto para pronunciar la inadmisibilidad el TC reitera […]
Interesa la sentencia, entre otras consideraciones, por cuanto el TC reitera que no procede la acción de inaplicabilidad si la cuestión sometida a su decisión incide en un conflicto de interpretación legal o atañe al mérito de la norma impugnada, por ser ello ajeno al ámbito de sus atribuciones en esa sede.
La eliminación de la facultad judicial de no dar curso a la demanda por no presentarse antecedentes suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda, concluye la sentencia, no vulnera los derechos a la igualdad ante ley y la justicia, ni las garantías del debido proceso.
La CS estimó que se estaba frente a una actuación administrativa de innegables efectos jurídicos, pues el órgano fiscalizador consideró al dueño de la obra, empresa o faena (Codelco) como empleadora de los trabajadores comprendidos en el proceso de fiscalización, tanto más si se la conminó para que dentro de un plazo de 15 días corrigiera el régimen laboral fiscalizado bajo apercibimiento de aplicación de multas.
“el dilema es por qué una persona a la cual se le controló la detención y el juez negó la prisión preventiva debe permanecer privada de libertad por el simple hecho que el fiscal dedujera un recurso de apelación, el cual, al tenor del artículo 368 del Código Procesal Penal se concede en el solo efecto devolutivo y, por lo mismo, la resolución que negó la prisión preventiva debe cumplirse en tanto no se resuelva la apelación”.
«…entre las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados está la de declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de diversas autoridades, por las causales diferenciadas que en la norma se indican, en atención a los cargos que desempeñan, entre las que no se encuentran el Fiscal Nacional del Ministerio Publico y el Fiscal Nacional Económico».
El precepto legal impugnado establece que las organizaciones deportivas que otorguen concesión, suspenderán completamente sus actividades por el tiempo que dure la concesión y que solo conservarán su representación ante la sociedad concesionaria si fueren accionistas de ella.
«Respecto de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República se les puede acusar por notable abandono de sus deberes, por lo que no divisan fundamento para no incluir a otras personas que desempeñan cargos constitutivos de magistraturas…»
