La CGR, con motivo de la dictación de los decretos supremos N°s 1.178 y 1.184, de 2008, del Ministerio de Hacienda, que autorizan la utilización de recursos con cargo al dos por ciento constitucional y determina poner fondos a disposición del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, respectivamente…

La Cámara de Diputados sometió al control obligatorio del TC un proyecto de ley que regula la instalación, mantención e inspección periódica de los ascensores y otras instalaciones similares, a fin de que se pronuncie si las normas objeto del examen versan sobre una materia propia de ley orgánica constitucional y, en la afirmativa, si ellas son constitucionales.

Cabe recordar que el TC ya ha resuelto, en casos anteriores, la inaplicabilidad de la norma legal objetada.

Se solicitó la declaración de inaplicabilidad de diversos preceptos contenidos en el DFL Nº 2, de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, y del Código del Trabajo (arts. 1, 159 Nº 2, 168, 177, 420, 425 y 476), en relación a un juicio seguido ante un Juzgado Laboral de Santiago.El requerimiento fue declarado […]

La gestión pendiente invocada la constituye una causa seguida ante un Juzgado de Garantía que dictó sentencia condenatoria en contra del requirente, en calidad de autor del delito sancionado en el citado precepto legal, la que se encontraría actualmente en conocimiento de la Corte Suprema, por la interposición de un recurso de queja.

En estrados –llamados a alegar sobre la admisibilidad- el requirente sostuvo que el precepto sí podría tener aplicación en el evento que el imputado quedare en libertad y, por cualquier motivo, fuera nuevamente detenido por una orden cuya legalidad pudiera volver a discutirse.

La Primera Sala, sin ulterior recurso, decidió no acoger a tramitación el requerimiento, al estimar que la impugnación contenida en él resulta ajena a la causal que autoriza interponerlo y, por consiguiente, que carece de fundamento.

Las argumentaciones anteriores llevan a este Tribunal a disentir del parecer del Tribunal Electoral Regional, por lo que se declarará lo que corresponde para los efectos de permitir la participación del candidato impugnado en el proceso electoral.

Aunque reconoce que efectivamente al Servicio Electoral le corresponde proceder como lo hizo, ante un hecho de la naturaleza del reprochado, puesto que está ante una declaración formal y expresa, es a la Justicia Electoral a la que le compete aquilatar el error y resolver, en consecuencia, cuando se le considere justificado

Añade que son los principios de participación ciudadana, como una extensión de la soberanía, basados en el régimen democrático de gobierno, los que motivan al Tricel a revocar la decisión del TER, al considerar que de esa forma se garantiza en mayor medida la manifestación de voluntad de quienes se afilian o desafilian de los partidos políticos.