Recuerdan que en el proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política -patrocinado por el Ejecutivo- se consultaba una norma que se orientaba en esa dirección, la cual, sin embargo, no fue aprobada.

Los parlamentarios que patrocinan la moción, señalan que existe un sinnúmero de otras causales que se relacionan con otros aspectos de la vida humana -de orden moral o personal- que pueden también justificar la renuncia.

La moción expone que la Constitución, la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento de la Cámara de Diputados señalan que le corresponde a esa rama del Congreso fiscalizar los actos del gobierno, facultad que puede ejercer mediante la creación de comisiones especiales investigadoras a las que se encuentran obligados a concurrir los funcionarios públicos.

La iniciativa, patrocinada por los diputados Egaña, Estay, García-Huidobro, Hernández, Melero, Moreira, Paya, Recondo, Rojas y Von Mülehnbrock, propone modificar la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para incorporar una imagen de los candidatos en la cédula electoral de votación para los cargos de diputados, senadores y Presidente de la República.

El requerimiento se funda en que las disposiciones objetadas solo otorgan carácter informativo a la audiencia que se debe dar al deudor en relación a la solicitud de quiebra y privan a éste de su derecho a defensa, al impedirle hacer alegaciones y promover algún incidente.

Se solicitó declarar inaplicable los artículos 23 y 24 de la citada legislación, en relación a un reclamo de ilegalidad que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La requirente señala que debió realizar múltiples trabajos sanitarios que son los que originan los cobros que la Municipalidad le formula y que ésta fijó en una Ordenanza Municipal que dictó al amparo del precepto legal que impugna.

El Ministro Fernández Baeza estuvo por declarar admisible el requerimiento y ordenar la suspensión del procedimiento en el que incide.

De esta forma –señala la moción- se evitará que los candidatos burlen lo que exige la Carta Fundamental, de tener residencia en el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección, pues en la actualidad los candidatos suscriben contratos de arriendo en distintas regiones, con el fin de dar por cumplida, formalmente, la exigencia constitucional.

También desestimó la imputación de que el senador “incitó a la alteración del orden público, tanto de las personas que se encontraban con él en la Plaza Italia como de los que, a través de la televisión, pudieron verlo participando en un acto ilegal”.