Se solicitó declarar inaplicable la expresión “siempre” contenida en el artículo 279 del Código Penal, que señala: “El dinero o efectos puestos en juego y los instrumentos, objetos y útiles destinados a él caerán siempre en comiso”.

En contra de esa decisión se recurre al TC para que declare inconstitucional lo resuelto por el Presidente de la Cámara de Diputados y se impida la tramitación en esa Corporación de la moción que propone modificar su reglamento.

La Corte observa que la referida pagina web publica afirmaciones o contiene expresiones que directamente aluden a la recurrente y otras que se formulan indeterminadamente a juezas, consejeras técnicas y abogadas, por lo que no siendo el recurso de protección una acción popular solo ponderará si las imputaciones que atañen a la recurrente lesionan o no sus derechos constitucionales.

También precisa que si el TC “resuelve que uno o más preceptos de un tratado son inconstitucionales, deberá declararlo así por resolución fundada cuyo texto íntegro se remitirá a la Cámara de origen”.

El derecho a la educación, a desarrollar una actividad económica, el derecho de propiedad, la libertad para difundir las artes y la cultura son algunos de los derechos que la Constitución asegura que el Ejecutivo planteó podrían ser vulnerados por la iniciativa.

En contra de esa resolución el Colegio de Periodistas interpuso un recurso de protección que fue acogido por la Primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual, si bien consideró que dicha medida no puede ser calificada de arbitraria si resulta ilegal.

Hoy, los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones que concurren a esa elección lo hacen en secreto, lo que no se corresponde –señalan los diputados que patrocinan la moción- con el principio de publicidad y transparencia que la reforma constitucional de 2005 incorporó en el artículo 8 de la Carta Fundamental.

En diciembre de 2003 inició su tramitación un proyecto de reforma constitucional que crea el Defensor de las Personas, originalmente llamado Defensor del Ciudadano, al que le correspondería velar por la defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas ante actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado, en […]

Su justificación está en el reconocimiento que debe corresponderle al Congreso Nacional en la formación de las leyes, puesto que actualmente en la promulgación de una ley sólo participa el Presidente de la República. La promulgación de las leyes originadas en una moción parlamentaria –lo aprobó la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados- podrá […]

La moción señala que con la finalidad de “cautelar la debida legitimidad con la que un partido político influye en la conducción del Estado” debe consagrarse un “mecanismo democrático para la conformación del Consejo General”, y un “sistema de primarias obligatorias internas para la selección de todos los candidatos a cargos de elección popular”.