Se aduce, asimismo, que las actuaciones impugnadas, desarrolladas por los aludidos órganos del Estado, se derivarían de una interpretación “abusiva” que éstos realizan respecto de sus atribuciones legales y afectarían a diversos procesos de cobro de impuestos, tanto administrativos como judiciales, que siguen en contra de su representada, por sí y como representante legal de sus empresas.

Se solicitó declarar inaplicable el inciso sexto del artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas en relación a una causa seguida ante un Juzgado del Crimen por el delito de contrabando, en sede apelación ante la Corte de Santiago.

El precepto impugnado resultaría contrario a la prohibición de prisión por deudas establecida en diversos tratados internacionales y al principio de igualdad. Se afirma que la sustitución del pago de la multa por reclusión no tiene como antecedente el delito por el que se condena, sino que constituye simplemente una pena.

El requerimiento incide en una causa seguida ante un Juzgado de Garantía por los delitos de cohecho y de obstrucción a la investigación, iniciada por denuncia del requirente en contra de dos fiscales adjuntos del Ministerio Público, en la que se decretó el sobreseimiento definitivo, sentencia que fue apelada.

El TC razona que en él no se expresa, de manera clara y precisa, de qué manera el precepto legal que se pide inaplicar se relaciona y puede resultar “decisivo” para la resolución de la gestión judicial pendiente.

El MP, mientras se tramitaba la contienda de competencia comunicó que “luego de un mejor estudio de los antecedentes ha decidido proseguir con la investigación del delito de amenazas… de manera tal que no existe ya contienda de competencia que deba ser dirimida”.

No obstante que el requirente acreditó ser parte en la gestión judicial y que ella se encuentra pendiente, se dispuso que previo a resolver sobre su admisibilidad el Secretario certificara el estado de la causa en que incide.

También la resolución cita la Ley Orgánica de Ministerios, que incluye el examen y anotación en la Contraloría General de los decretos supremos, para resaltar que esa normativa dispone que “Ninguna oficina de Hacienda, Tesorería, Contaduría, etc., dará cumplimiento a decretos que no hayan pasado por el trámite antes indicado. El funcionario público que no dé cumplimiento a esta disposición perderá por este solo hecho su empleo”.

El MP sostuvo, apoyado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley 20.066, que el precepto legal invocado por el Tribunal de Familia no ordena ni señala que la remisión de los antecedentes al MP deba ser inmediata, pues deben ser ellos evaluados por el tribunal en la audiencia preparatoria o en la de juicio, imponiendo así una exigencia adicional de ponderación de los hechos que configuran el delito de maltrato habitual para darle el sustento o peso suficiente que el tipo penal exige por su propia naturaleza.

La Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Rentas Vitalicias interpuso requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 179 de la Ley Nº 20.255. El TC no lo admitió a tramitación, al estimar que no cumplía los requisitos exigidos por la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (art. 39). Sin perjuicio de ello […]