Propone asignar al Tribunal Constitucional atribución de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado.
Entre los fundamentos de la misma se señala que, tal como se ha facultado al TC para resolver sobre la constitucionalidad de los auto acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones, resulta necesario también que pueda ejercer análoga atribución en relación a los reglamentos que dictan ambas ramas del Congreso.