La Cámara de Diputados sometió al control preventivo y obligatorio del TC el proyecto de ley que complementa la ley que establece un nuevo asiento para el Juzgado de Letras de Chaitén, a fin de que se pronuncie sobre constitucionalidad.Las normas objeto de control disponen, en síntesis, que ese tribunal tendrá provisionalmente su asiento en […]

Lo anterior, por cuanto sería la aplicación de aquel acto administrativo, dictado en cumplimiento del mandato legal contenido en la Ley Nº 19.300 -entre otros, en su artículo 25 impugnado-, el que directamente podría derivar en una eventual infracción de las garantías constitucionales invocadas al regular las condiciones o exigencias específicas o concretas que, para poder ejecutarse, debe cumplir el proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por parte de Aguas Andinas S.A.

«La sentencia razona que ya se han acogido acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la regla procesal conocida como solve et repete, contenida tanto en la disposición legal impugnada, como también en el artículo 171 del Código Sanitario…»

El procedimiento judicial a través del cual se haga efectivo debe armonizar los bienes jurídicos en pugna, pues si alguien se siente injustamente aludido u ofendido por un medio de comunicación social tiene derecho a demandar de éste una aclaración o rectificación gratuita a través de un procedimiento judicial breve y expedito donde el juez resuelva la controversia con prontitud.

La Cámara de Diputados envió al TC el proyecto de ley que crea la provincia de Marga Marga y modifica el territorio de las provincias de Valparaíso y Quillota, a fin de que ejerza el control de constitucionalidad respecto del los artículos primero permanente y tercero transitorio del mismo.La Carta Fundamental señala que “La creación, […]

El artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, señala el fallo, establece que el Estado es responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público; que la acción para perseguir esa responsabilidad patrimonial prescribe en 4 años, contados desde la fecha de la actuación dañina; que ello no obsta a la responsabilidad que pudiese afectar al fiscal o funcionario que produjo el daño cuando haya mediano culpa grave o dolo de su parte; y que el Estado tiene derecho a repetir en su contra.

Los abogados Miguel Otero Lathrop, Eduardo Soto Kloss, José Pedro Silva Prado, Oscar Lira Herrera, Claudio Díaz Uribe, Patricio Prieto Sánchez y Oscar Gajardo Uribe, solicitaron, en ejercicio de la acción pública, declarar la inhabilidad constitucional de la diputada Carolina Tohá Morales para ejercer el cargo de Ministro de Estado.Luego de que los actores formularan […]

El TC no acogió a tramitación el requerimiento, al concluir que aquél no contiene una impugnación cuyo objeto sea la declaración de inaplicabilidad de un precepto de jerarquía legal, cuya aplicación en la gestión pendiente seguida ante el respectivo tribunal ordinario resulte contraria a la Carta Fundamental, pues la impugnación se dirige en contra de […]

Se aduce que vulnerarían el artículo 19, Nº 2, al disponer la cesión del uso gratuito de las instalaciones deportivas sin atender a las distintas capacidades y extensiones de los diversos estadios de las colonias extranjeras generando una diferencia arbitraria en la magnitud y peso de la carga que estos recintos deben soportar. Para unos […]

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional las expresiones “para dar curso a ellos se exigirá que el infractor acompañe el comprobante de haber pagado la multa”, contenidas en el inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, en una causa sobre reclamación de multa administrativa seguida ante un Juzgado Civil de Santiago. El TC resolvió […]