La sentencia plantea que se deben conciliar los derechos comprometidos, lo que exige que el intérprete pondere los bienes y derechos en conflicto a fin de armonizarlos y sólo en caso de no ser ello posible dé prevalencia a uno sobre los otros para impedir el sacrificio total de cualquier principio, derecho o bien constitucional.

Puntualizan que el bien jurídico protegido por el ilícito en cuestión no es la propiedad en sí, sino el ejercicio de las facultades que derivan del derecho de aprovechamiento de aguas sobre el constitucionalmente se garantiza dominio.

La norma cuestionada establece que “Sólo las partes mayores de edad y libres administradoras de sus bienes podrán dar a los árbitros el carácter de arbitradores”.

La moción, patrocinada por los diputados Edmundo Eluchans, Jorge Burgos, Juan Bustos, Alberto Cardemil y Guillermo Ceroni modificaba el artículo 51 de la Constitución, a fin de establecer que las elecciones de diputados y de senadores se efectuarían conjuntamente y que los senadores podrían ser reelegidos sucesivamente en el cargo sólo por una vez y […]

«Las penas que establece el artículo 239 impugnado no son alternativas y el carácter de aflictiva que reviste ha sido definido por el legislador dentro de su legítima discrecionalidad: depende de un juicio de oportunidad o de conveniencia propio de la política criminal».

El TC no acogió a tramite la impugnación al observar que el requerimiento deducido, en el hecho, importa un recurso que intenta dejar sin efecto una sentencia interlocutoria que había declarado inadmisible una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada con anterioridad que fue declarada inadmisible. La sentencia razona que en esta oportunidad se impugna el […]

La acción no fue acogida a tramitación luego de certificarse que el recurso de casación en la forma y en el fondo había sido fallado por el máximo Tribunal y que la reconsideración presentada  por el recurrente fue desestimada por improcedente. No cumplía entonces con el requisito de que la gestión en la cual incide […]

La acción de inaplicabilidad sólo está llamada a pronunciarse en caso que la afectación de la Constitución se produzca en razón de la aplicación de lo dispuesto en un precepto legal.

«Tal asunto –dice el fallo- no es de aquellos que le corresponde conocer y resolver al TC en sede de una acción de inaplicabilidad, pues lo denunciado es una colisión de normas que se produciría no con un precepto determinado de la Carta Fundamental, sino entre los preceptos del Código Civil que se reprochan y las disposiciones de los tratados internacionales que se invocan…»

La Cámara de Diputados sometió al control preventivo y obligatorio del TC el proyecto de ley que complementa la ley que introduce modificaciones en el Código Penal en la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública, a fin de que se pronuncie sobre su constitucionalidad.     El artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales dispone […]