Con el fin de pormenorizar la precitada regulación constitucional se dictó la Ley N° 19.638 (D.O., 14 octubre 1999), que estableció normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas.
Un matrimonio dedujo recurso de protección en contra de la Directora Regional del Servicio Nacional de Menores de la Región de Aysén, quién emitió un certificado que califica a los recurrentes como no idóneos para acceder a la adopción de un menor, lo que estiman contrario a la igualdad ante la ley y al respeto […]
Se hace necesario “abordar el creciente fenómeno relativo a personas condenadas o imputadas que se marginan del sistema”, ya que a pesar de que “los actores intervinientes del mismo han reaccionado buscando soluciones parciales”, estos esfuerzos “no han resultado suficientes”, puesto que el número de personas que se encuentran en la “situación irregular antedicha se mantiene preocupantemente alto”.
La iniciativa define la “buena convivencia escolar” como “un requisito esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje”, lo que “supone la interrelación positiva entre los diferentes miembros y estamentos de los establecimientos educacionales, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de alumnos y alumnas”.
El objeto de la sociedad recurrente “es la inversión en toda clase de bienes muebles incorporales e inmuebles corporales e incorporales, administrarlos y percibir sus frutos y rentas, pudiendo además realizar todas las operaciones o negocios que los socios acuerden, actividades que importan la obtención de lucro o ganancia.”
Con el fin de “aumentar la transparencia respecto de las operaciones cambiarías realizadas por el Gobierno Central y así permitir la evaluación del efecto sobre el tipo de cambio de los eventuales descalces cambiarios del Fisco”
(…)puede dejar sin intervención a aquellos que tengan un legítimo interés para la adecuada investigación de un caso concreto”, pues “es frecuente que entre tales personas puede existir discrepancias en la calificación de los hechos materia de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público”.
(…)Las municipalidades tienen el deber de administrar los bienes nacionales de uso público ubicados dentro de su comuna; y que tal obligación comprende “no solamente aquello que concierne al cuidado y conservación de dichos bienes en función de mantener la integridad del patrimonio público, sino también todo lo que tienda a precaver lesiones en su integridad corporal y daños en cosas de su propiedad a las personas para cuyo uso han sido destinados”.
Se hace necesario, afirman, adecuar esta figura “a los tiempos y a las exigencias del mercado” para que estas empresas sean “más duraderas, útiles y accesibles”.
“se encuentra disponible al público en forma permanente en el sitio web” del SII, aunque no de acuerdo al “criterio buscado por el solicitante, sino con los fines fiscalizadores propios” del Servicio, por lo que para proporcionarla se deberían efectuar adecuaciones al software que la contiene.
