Las recurridas, al informar el recurso, exponen que efectivamente se dictó un decreto económico que no permitía el ingreso al Tribunal, pero que se aclaró posteriormente en el sentido de prohibirse el ingreso mientras durara el proceso de la investigación sumaria y sólo en cuanto a ejercer el cargo de Secretaria Titular.

La actual normativa establece que “las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros”, y añade que los materiales de registro de dichas comisiones, como grabaciones y apuntes tampoco serán públicos. Con la finalidad de facilitar el acceso del público a […]

“a que no resulta procedente fundar la casación en normas constitucionales”, ya que éstas se limitan a “establecer derechos o garantías de orden general”, que tienen “su desarrollo en normas de carácter legal que entregan las herramientas jurídicas necesarias que permiten acudir de casación”.

Luego se hace referencia a la adecuación de precios base e invoca la reiterada jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, las que conociendo, por vía de protección, cuestionan la justificación de las alzas de los precios base de los planes de salud, por cuanto en tales adecuaciones no ha operado ni el criterio de razonabilidad como tampoco el hecho que la Isapre acredite suficientemente el cambio efectivo en el valor de las prestaciones médicas, situación que vulnera las garantías constitucionales relativas a la protección a la salud y el derecho de propiedad.

Después de verificar que fueron aprobadas en ambas Cámaras con las mayorías requeridas por la Constitución, que se cumplió con el trámite de oír a la Corte Suprema y que respecto de ellas no se suscitó cuestión de constitucionalidad, resolvió que se ajustan a la Carta Fundamental.

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, interpretado por el artículo 1° de la Ley N° 20.194, en un juicio ejecutivo laboral que se encuentra pendiente en estado de embargo ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. La requirente sostiene que ese tribunal […]

Ahora, si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección, en tal caso proponen que la vacante sea proveída con el concejal que haya obtenido la mayor votación y que pertenezca al mismo partido político o pacto, cualquiera sea su composición, que haya declarado la candidatura a alcalde.

Los senadores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Fundamental, duran ocho años en sus cargos y se renuevan alternadamente cada cuatro años, correspondiéndole hacerlo en un período a los representantes de las regiones de número impar y en el siguiente a los de las número par y de la […]

Cabe recordar que el referido Comité es un servicio común del Congreso Nacional y se encuentra encargado de controlar el uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria y de revisar las auditorías que el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional efectúen de sus gastos institucionales.

Observa luego que tal autonomía “se ha visto menguada” luego que el TC (Rol N° 1357) “declarase que nuestro ordenamiento constitucional permite al Presidente de la República nombrar como Ministros de Estado a parlamentarios en ejercicio”, cargos que, por su parte, al quedar vacantes, son proveídos por el ciudadano que designa el partido político al cual pertenecía el parlamentario que generó la vacancia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51.