Las reclamaciones fueron rechazadas, porque, en definitiva, los reclamantes carecían de acción para recurrir ante el Tribunal Ambiental.
«El proyecto persigue la adopción de medidas de emergencia que le permitan al Poder Judicial contar con herramientas para enfrentar la carga laboral generada producto del retraso y las suspensiones vinculadas con la pandemia mundial del COVID-19», plantea el informe.
Requerimiento carece de fundamento plausible.
El Tribunal de alzada acogió con costas la acción cautelar, al establecer el actuar ilegal y arbitrario de la isapre recurrida.
El máximo Tribunal estableció la improcedencia de la sentencia de contraste acompañada, la que difieren de la materia que se pretende pronunciamiento de unificación.
El estudio identifica los avances y desafíos pendientes en el sistema de justicia penal de adolescentes, a través del análisis de información provista por la Defensoría Penal Pública y y entrevista a actores claves vinculados al sistema.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la valoración de la prueba en la resolución, dictada por Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones adeudadas.
El Tribunal de alzada ratificó lo resuelto por el Juzgado de Garantía de San Carlos, el 27 de agosto recién pasado.
El Tribunal estableció en incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, ordenando el pago de las remuneraciones, prestaciones y cotizaciones adeudadas a los demandantes.
La resolución señala que si bien resulta reprochable el citado actuar toda vez que alude a la falta de previsión del adulto responsable del alumno, es oportuno destacar que la circular enviada al efecto tampoco contribuye a entregar lineamientos claros al efecto.
