Aduce la sentencia que, de lo dicho, fluye que una jornada de treinta y seis horas semanales goza de la naturaleza de una ordinaria, para todos los efectos legales, aserto éste que se desprende de los preceptos relacionados.

Concluye el fallo aduciendo que el despido de la trabajadora, más que una necesidad urgente de reestructurar, reorganizar o reasignar al personal, se basa, simplemente, en la inexistencia de voluntad de la empresa de dejar sin efecto el cambio unilateral en las funciones de la actora.

Sostuvo la sentencia que la demandada, al negar el hecho del despido el día 30 de septiembre de 2014, pretende hacer recaer todo el peso de la prueba en el demandante.

Concluye la Magistratura laboral arguyendo que la medida aplicada por el empleador de remoción constituye un acto de discriminación indirecta por opinión política.

El Tribunal Supremo no realizó un “análisis expreso” ni la sentencia contiene tampoco una respuesta tácita sobre las pruebas que, a juicio de la recurrente, acreditarían que el dispositivo anticonceptivo no fue implantado.

En su sentencia, adujo el Tribunal laboral que, de los hechos reseñados en el considerando sexto, surgen indicios de la vulneración de derechos que alega el trabajador.

La Corte Suprema acogió un recurso de unificación de jurisprudencia y determinó que la bonificación proporcional establecida en la Ley N° 19.933, es aplicable a los profesionales de la educación del sector municipalizado.

Concluye la sentencia aduciendo que en la especie no resulta posible tener por concurrente la hipótesis que prevé el legislador y que permitiría a esta Corte proceder a la uniformidad pretendida por el recurrente.

Expone el Tribunal que el acoso laboral de que fue víctima la actora le ocasionó un trastorno depresivo mayor y neurosis laboral, enfermedad calificada como de origen laboral por la Junta Médica del Hospital del Trabajador.

La demanda fue rechazada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo; decisión confirmada, conociendo de un recurso de nulidad, por la Corte de Apelaciones de San Miguel, la cual, a su vez, fue recurrida de unificación de jurisprudencia para ante la Corte Suprema.