Concluye la sentencia arguyendo que se produce la vulneración a la garantía del artículo 485 en lo referente a la afección a la indemnidad del trabajador.
Concluye el fallo expresando que se uniforma la jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Blanco y Chevesich, quienes estuvieron por rechazar el recurso impetrado, por cuanto estimaron que, en la especie, se está frente a una relación laboral.
Sostiene el fallo, los principios tradicionales del derecho privado no son aplicables de modo absoluto en el campo del derecho laboral, desde que intervienen principios proteccionistas a favor del operario.
La Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia y la demanda de tutela laboral presentadas por la discriminación que afectó a trabajadores afiliados a un sindicato.
Concluye la sentencia expresando que, al no haber acreditado la demandada la justificación y lo necesario del despido, habiéndose aportado los indicios para estimar que el mismo es vulneratorio de la garantía del N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política.
Concluye el Tribunal laboral acogiendo la denuncia por la no renovación del vínculo público bajo la modalidad a contrata por constituir un acto de discriminación en razón de la opinión política de la denunciante.
Concluye el fallo expresando que correspondía al demandado acreditar los fundamentos de la medida adoptada. Sin embargo, dicha parte no se presentó al juicio, razón por la cual cabe considerar que existió la represalia.
Concluye el máximo Tribunal uniformando la jurisprudencia en el sentido que corresponde calificar como laboral y, por lo tanto, regida por el Código del Trabajo, la relación que se genera entre una persona y un órgano de la Administración del Estado si se desarrolla fuera del contexto claro y preciso que señala el artículo 4 de la Ley N° 18.883.
Cabe recordar que la sentencia fue recurrida de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
