Las diputadas y los diputados requirentes estiman infringido dicho principio, en atención a que la norma de comportamiento que configura parte del núcleo de la conducta se encuentra contenida en una regla infralegal.
El requerimiento fue presentado por 67 diputados.
Se solicitó declarar inconstitucionales los artículos 3 bis y 12 del proyecto de ley que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pozo, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento presentado por el Presidente de la República.
La sentencia será expedida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111, inciso tercero, de la LOCTC, dentro de los próximos 30 días.
Para el caso que se declare admisible, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Para el caso que sea admita a trámite el requerimiento, corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La requirente estima que las disposiciones impugnadas vulneran el debido proceso.
La requirente estima que las disposiciones impugnadas vulneran el debido proceso, pues la interpretación que se hace de ellos excluye la procedencia del recurso de casación en la forma.
La gestión pendiente invocada incidió en un recurso de protección, declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago, y confirmado por la Corte Suprema.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Peña, Aróstica, Romero y Letelier.
