En cuanto al contrato que celebra un afiliado con una determinada Isapre, el Tribunal observa que no equivale a un mero seguro individual de salud, regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues opera en relación con un derecho garantizado constitucionalmente a las personas en el marco de la seguridad social y en que la entidad privada que otorga el seguro, tiene asegurada, por ley, una cotización, o sea, un ingreso garantizado.

El citado precepto legal había sido declarado ya inaplicable en cuatro oportunidades, en los dos primeros casos por transgredir el artículo 19 Nº 2 y 9 de la Carta Fundamental, mientras que en los dos más recientes por vulnerar además el numeral 18 de esa misma disposición.

La Magistratura Constitucional, actuando de oficio, abrió proceso para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil, que establece: «Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; […]

El fallo agrega que si bien la restricción satisface la exigencia de encontrarse clara y suficientemente determinada en la ley, la previa consignación exigida no puede justificarse como un modo de evitar reclamos injustificados o litigación puramente dilatoria y no constituye un medio idóneo para alcanzar esos fines, pues se aplica con entera independencia de que el juez estime un reclamo fundado, con plausibilidad de ser acogido, o si lo considera infundado, temerario o puramente dilatorio.

El TC no hizo lugar a la acción deducida por no reunirse el quórum de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio que exige la Carta Fundamental para declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal.

Se interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y otro de inconstitucionalidad en contra de una resolución exenta dictada por el Servicio Agrícola y Ganadero y de una norma contenida en la ley orgánica de ese servicio, los que inciden en un juicio de reclamo de acto administrativo tramitado ante un juzgado civil.

La cuestión se remonta a la época en que correspondía al Pleno de la Corte Suprema declarar la inaplicabilidad, por causa de inconstitucionalidad, de todo precepto legal.