En una democracia sus autoridades y quienes postulan a ocupar cargos públicos en los distintos poderes del Estado deben ser personas probas, transparentes y correctas, en especial en temas tan sensibles como el vinculado a la violencia intrafamiliar.

Como lo ordena el artículo 126 bis de la Constitución, por dos estatutos especiales que establecerá una ley orgánica constitucional. Mientras esa legislación no se dicte, dichos territorios especiales continuarán rigiéndose por las normas comunes vigentes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado.

La iniciativa propone reemplazar ese día por el 20 de mayo de cada año, para evitar que coincidan “dos fechas importantes de naturaleza totalmente diversa”

La iniciativa legal conserva algunos elementos de la ley N° 18.603, que por razones de técnica legislativa se propone sustituir íntegramente.

«…entre las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados está la de declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de diversas autoridades, por las causales diferenciadas que en la norma se indican, en atención a los cargos que desempeñan, entre las que no se encuentran el Fiscal Nacional del Ministerio Publico y el Fiscal Nacional Económico».

«Respecto de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República se les puede acusar por notable abandono de sus deberes, por lo que no divisan fundamento para no incluir a otras personas que desempeñan cargos constitutivos de magistraturas…»