La Constitución establece que no pueden declararse en huelga los funcionarios de Estado ni de las municipalidades. Tampoco las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.

La inexistencia de instancias formales, públicas y transparentes, en el debate parlamentario, en torno a la creación o modificación de las asignaciones distintas a la dieta parlamentaria -que se encuentra constitucionalmente establecida- ha contribuido a generar cada cierto tiempo polémicas y confusiones sobre los procedimientos de las asignaciones…

El artículo 4º de la Ley Nº 19.638, que establece normas sobre la constitución jurídica de las Iglesias y Organizaciones Religiosas, señala que “para los efectos de esta ley, se entiende por iglesias, confesiones o instituciones religiosas a las entidades integradas por personas naturales que profesen una determinada fe”.

En materia de financiamiento, se propone modificar la Ley Nº19.884, sobre transparencia, limite y control del gasto electoral.

La iniciativa se discutió junto a otras enmiendas a la Carta Fundamenta, vinculadas entre sí, que fueron refundidas en su tramitación por la referida Comisión y que dieron origen a un solo informe.

Entre otras enmiendas el proyecto de ley consultaba la creación de un registro electoral con la nómina de todas las personas, nacionales o extranjeras, que cumplieran con los requisitos constitucionales y legales para ejercer el derecho a sufragio, como también de quienes tuvieren aquel derecho suspendido o hubieren perdido la ciudadanía.

Los funcionarios públicos no podrán realizar actividades políticas dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones.

El proyecto de ley se inició en un Mensaje presentado por el Ejecutivo en julio de 2004 y fue aprobado, en general, por la Sala de la Cámara de Diputados en mayo del presente año.

La iniciativa es patrocinada por los diputados Becker, Bertolino, Delmastro, Galilea, García, Vargas y Verdugo.

La Ley Nº19.958 modificó la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para establecer que los candidatos a alcaldes deben acreditar, al inscribir sus candidaturas, una escolaridad similar a aquella que la Constitución exige a los parlamentarios.