Los diputados Burgos, Ceroni, Díaz, Eluchans, Harboe, Pérez, Soto y Tuma, proponen modificar la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público para establecer el procedimiento conforme al cual se debiera solicitar la indemnización de perjuicios por la acción errónea o arbitraria de los fiscales del Ministerio Público.El proyecto se fundamenta en que la ley orgánica de […]

La reforma constitucional de 2005 reafirmó la tuición ética de los Colegios Profesionales sobre sus miembros. Dicha enmienda, sin embargo, no consagró la colegiatura obligatoria, y al regular la tuición ética la estructuró en base a dos criterios: a) Los Colegios constituidos conforme a la ley, tienen la tuición ética de sus afiliados. De las […]

Señalan que esa enmienda se justifica para ajustarla al sentido y alcance de la inhabilidad parlamentaria prevista en el artículo 60, inciso segundo de la Constitución.

Un 12,9% de la población chilena tiene algún tipo de discapacidad (Encuesta sobre Discapacidad 2004, FONADIS e INE). Lo anterior significa que más de un millón de potenciales electores se quedan literalmente sin saber cuáles son las proposiciones de sus candidatos, y de este universo un 8.74% tiene discapacidad auditiva.

Los parlamentarios señalan que existen alrededor de 171.000 jóvenes con discapacidad, entre los 15 y los 29 años, distribuidos casi en partes iguales entre hombres y mujeres.

Los parlamentarios observan que “tratándose de candidaturas independientes existen trabas innecesarias que en los tiempos actuales perjudican el desarrollo democrático de la nación”.

El Mensaje señala que es de público conocimiento la crisis económica que actualmente afecta al mundo entero y que también ha impactado a nuestro país, por lo que un feriado legal adicional supone un importante golpe a la economía nacional generando pérdidas por millones de dólares.

En tanto, al genocidio se lo define como todo acto ejecutado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en su calidad de tal.

Estiman que con ello se vulnera el principio de igualdad y de inocencia, pues las condiciones que en algún momento autorizaron la formación de causa respecto del parlamentario se modifican sustancialmente luego de ser absueltos por un Tribunal de la Republica que conoció y falló en derecho sobre la imputación penal de que fueron objeto.

Por ello propone reestructurar su planta adecuándola a las actividades y controles que el perfeccionamiento del sistema electoral y político le demanda, facultándose al Presidente de la República para que a través de un decreto con fuerza de ley fije la nueva planta del Servicio con sujeción a las pautas que en ella se especifican.