“nuestros tribunales aplican esta regla calculando las costas según el monto de lo expuesto en la demanda” sin distinguir si este “monto fue realmente pagado por el demandado o no”.
Critican luego el sistema conforme al cual se nombran, ya que existe, afirman, una absoluta discrecionalidad de la Junta Electoral para designarlos, pues se establece que ésta debe “preferir a aquellas personas que puedan presumirse más aptas para desempeñar las funciones de miembros de Mesas Receptoras”, lo que genera que “muchos se excusan para eximirse de esta responsabilidad”.
La iniciativa no modifica el sistema de elección de los 120 diputados, sino que genera un “complemento de proporcionalidad” mediante “la inclusión parlamentaria de todas aquellas fuerzas políticas que, por sí solas o agrupadas en listas, obtengan más del 5% de adhesión ciudadana”, exponen los autores de la iniciativa.
Como cualquier chileno los diputados y senadores deben justificar sus inasistencias al trabajo, que es lo que pretenden, con el objeto que sea una buena señal de renovación en la política.
“no sólo tiene efectos en relación con los derechos de los adolescentes” sino que también sobre su salud, pues la ausencia de certeza acerca del respeto de la confidencialidad “traba” la relación directa “con el o la profesional tratante”, transformándose en una “barrera de entrada al sistema” o “en un poderoso disuasivo para que el menor acuda oportunamente a recibir atención y consejería de salud sexual”.
Con el fin de pormenorizar la precitada regulación constitucional se dictó la Ley N° 19.638 (D.O., 14 octubre 1999), que estableció normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas.
“poner término inmediato a la discriminación y perjuicio que hoy tienen los cónyuges de vínculo matrimonial vigente” y “cumplir con el mandato constitucional de dar protección a la familia propendiendo al fortalecimiento de ésta, y hacer efectiva la garantía que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados”
Se hace necesario “abordar el creciente fenómeno relativo a personas condenadas o imputadas que se marginan del sistema”, ya que a pesar de que “los actores intervinientes del mismo han reaccionado buscando soluciones parciales”, estos esfuerzos “no han resultado suficientes”, puesto que el número de personas que se encuentran en la “situación irregular antedicha se mantiene preocupantemente alto”.
La iniciativa define la “buena convivencia escolar” como “un requisito esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje”, lo que “supone la interrelación positiva entre los diferentes miembros y estamentos de los establecimientos educacionales, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de alumnos y alumnas”.
Con el fin de “aumentar la transparencia respecto de las operaciones cambiarías realizadas por el Gobierno Central y así permitir la evaluación del efecto sobre el tipo de cambio de los eventuales descalces cambiarios del Fisco”
