Observa luego que “es algo que sigue vigente”, siendo necesario legislar para “reconocer los derechos específicos del no nacido”, en el entendido que “la edad o etapa de desarrollo de un ser humano no es condicionante de la titularidad” del derecho a la vida, ya que éste último es el “supuesto de todos los demás” derechos.

Chile requiere “generar un código, un cuerpo legal bastante más comprensivo de lo que significa cómo tratar a los niños, sobre todo cuando estamos viendo prácticamente una revolución de las aspiraciones de los muchachos y unas conductas que son bastante difíciles. Me parece un tema abierto que hemos ido resolviendo por partes, entonces se trata de ver en total qué se avanzó y cómo hacemos coincidir los temas, que no haya contradicciones. Quisiera que algún día tuviéramos el Código del Niño”.

«…¿por qué no se puede considerar que el mismo periodista tiene el deber de respetar la intimidad de esa fuente, en su calidad de persona humana digna y que es soberana respecto a su deseo de entregar o no la información que se le requiere?”

“que lo que debe primar es el criterio del médico tratante y estamos seguros que él va a ser capaz de construir una relación personal, íntima, de confianza, con el paciente adolescente y resolver con criterio en aquellos momentos donde sea necesario que los padres estén absolutamente informados del problema del menor».

La Comisión de Educación del Senado aprobó los cambios que se introdujeron en la Cámara de Diputados –en segundo trámite constitucional- al proyecto de ley, iniciado por moción de los Senadores Allamand, Cantero, Chadwick, Lagos Weber e Ignacio Walter, que modifica la Ley General de Educación Nº 20.370, y que define y sanciona el bullying […]

Observa que luego de “siete años de su establecimiento, el Sistema de Alta Dirección Pública se encuentra instalado y en funcionamiento”; sin embargo ello, “se aprecian algunas deficiencias o falencias en el diseño original”, que aunque “de menor entidad, son las que se refieren a la excesiva demora de algunos concursos, a los vacíos en la conformación de nóminas, que obligan a repetir los procedimientos, etc”.

Observa luego que la precitada norma no establece responsabilidades de ningún tipo por lo que ocurra en la manifestación, sin que nadie asuma los costos de los daños producidos con ocasión de marchas en lugares públicos y que en los últimos días muchos personas han visto afectados sus bienes, derechos y libertades, con pérdidas económicas por los desordenes con ocasión de las manifestaciones, siendo necesario velar por el derecho de reunión, pero también por el orden público, las libertades y los derechos de los demás.

Observa luego que los principios que rigen la contratación en materia civil, no siempre son observados por las partes contratantes, como es el caso de arrendatarios morosos los que “han persistido en su actitud precaria durante largo tiempo, sin posibilidad de que los arrendadores puedan hacer efectivo su derecho de desalojar legalmente a tales personas”.

Observa luego que en muchos Estados “se discuten mecanismos para aumentar la participación electoral, en la búsqueda de una mayor estabilidad democrática” mediante incentivos específicos que beneficien a los ciudadanos que concurran a emitir su voto.

«En definitiva, establece el marco dentro del cual se pueden celebrar dichas consultas, delegando en una ordenanza la regulación específica a cada municipalidad, conforme a su criterio considere más adecuada, garantizando así su autonomía».