El proyecto de ley define a los Tribunales Ambientales como órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias y ocuparse de las demás materias ambientales que la ley somete a su conocimiento.

Expresa luego, que a partir de la reforma constitucional del año 2005, se eliminó la referencia al número de regiones del país para efectos de la elección de Senadores. Agrega que, además de la adecuación de la 16ª Circunscripción a los distritos que componen la Región de Los Ríos, se hace necesario crear una segunda circunscripción en la Región de Los Lagos, dado “lo extenso de su territorio, su alto volumen poblacional y gran población electoral”.

Observa luego, que el ejercicio de la función investigativa “se encuentra radicada en los funcionarios del Ministerio Público pertenecientes a los estamentos auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales, quienes realizan, como tareas esenciales, labores de tramitación de causas penales, con lo que se hace aún más plausible equiparar las funciones que se cumplen al interior de las fiscalías a las propias de una práctica profesional” y que por “razones de economía hacen procedente que los propios funcionarios de una Fiscalía cumplan su práctica profesional al interior de la mismas”.

Observa luego que para determinar los trazados y establecer medidas preventivas de los impactos evidentes que una actividad como el Rally Dakar, no se consideró la opinión de los pueblos originarios ni tampoco la del Consejo de Monumentos y de la CONADI.

En lo fundamental la iniciativa pretende que el Congreso pueda tener acceso detallado de la información respecto de cómo y en qué se utilizan los recursos contenidos en la Ley de Presupuestos.

Observa luego que existen personas que se endeudan para completar sus estudios y por el hecho de aparecer en “Dicom” o en otro boletín comercial, tendrá “dificultades para encontrar trabajo, y por ende, no logrará saldar la deuda adquirida”.

Observa luego que las consideraciones que llevaron a la Magistratura Constitucional a tomar esa decisión fue principalmente la amplitud del “concepto legal de vía local”, y que tal amplitud podría afectar “el ejercicio del derecho a la libertad de circulación por las mismas, que es parte del conjunto de garantías de la libertad ambulatoria contenidas en el numeral 7° del artículo 19 de la Constitución”.

Observa luego que estos acontecimientos se han tornado frecuentes en nuestra sociedad, quedando en evidencia casos que “dan cuenta de la situación de violencia al interior de los establecimientos educacionales”.

Estas numerosas indicaciones buscan claramente representar los diversos criterios de los legisladores, pero a su vez, intentan también hacer partícipes a los variados actores y sujetos que juegan algún rol en el rubro de la telefonía, o que velan por la participación ciudadana frente a esta problemática.

Observa luego que nuestro sistema “autoriza la tenencia de armas de fuego en un esquema regulado, lo que supone la posibilidad de acceso legítimo a la tenencia de armas de fuegos por parte de particulares”, pero que esta “tenencia difícilmente cumple con objetivos preventivos, lo cual resulta necesario considerar en la discusión de política criminal, pues resulta necesario evitar que la población utilice armamentos, que en muchos casos ni siquiera tienen la capacitación para utilizar”.