se estableció que las elecciones de consejeros regionales serán el último domingo de octubre, conjuntamente con las elecciones municipales. Asimismo, se precisó que asumirán el cargo el 6 de diciembre del año de la elección, durando cuatro años en el cargo, pudiendo ser reelegidos.

“la administración de justicia no pasa sólo por mejorar las leyes procesales”, sino que también por la instauración de mecanismos que hagan posible la calificación de jueces y funcionarios del poder judicial.

en el caso de la comisión de este delito es razonable preveer que los malos tratamientos habituales excluyen dicha presunción, por lo que se requiere adecuar la legislación.

“una situación de desigualdad de poder y control, donde las personas con discapacidad pueden ser más fáciles de manipular y vulnerar, por carecer, en la mayoría de los casos, de posibilidades de denunciar los abusos”.

el Ministerio Público en nuestro sistema procesal penal actual tiene la “calidad de ente persecutor de la responsabilidad criminal”, otorgando a las víctimas la “posibilidad de deducir querella y tomar parte activa en la investigación”, lo que es entendido como un complemento de la labor del fiscal.

el sitio web del Poder Judicial ha permitido que el público en general, letrado o no, tenga acceso de forma expedita a la mayoría de las sentencias emanadas por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones mediante esta vía, evitando así un desgaste innecesario en la obtención de ellas.

“Toda sentencia definitiva que acoja la controversia, queja o reclamación del consumidor deberá condenar al proveedor a pagar las costas del arbitraje, determinando los honorarios del abogado o del apoderado habilitado del consumidor según el arancel del Colegio de Abogados de Chile. En cambio, sólo la sentencia definitiva que rechace la controversia, queja o reclamación por haberse acogido la excepción de cosa juzgada interpuesta por el proveedor, podrá condenar al consumidor a pagar los honorarios del árbitro financiero establecidos en el arancel señalado en el inciso sexto del artículo 56 A».

“separa la institucionalidad de infancia en dos servicios públicos, uno vinculado al área de protección de derechos, con dependencia de Ministerio de Desarrollo Social, y otro circunscrito a los adolescentes infractores de ley penal, con dependencia del Ministerio de Justicia”

“los encargados de empresas debidamente autorizadas que operen sistemas de filmación y grabación, ya sea en bienes nacionales de uso público, tales como calles, avenidas, carreteras, autopistas, caminos, plazas y parques, o en recintos debidamente delimitados en que se registra concurrencia masiva de público, tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias, rodoviarias y de carga”

“cualquier persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la región, respecto de delitos cometidos en la misma, que afectaren intereses sociales relevantes o de la colectividad en su conjunto, en la forma prevista por la ley».