Una Comisión Mixta será la encargada de zanjar las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras, y que tienen que ver con aspectos como la situación de los menores de edad como sujetos afectos a ejercer el derecho a ser identificadas conforme a su identidad de género y los trámites a realizar en casos de personas con vínculo matrimonial.

La iniciativa regulará una actividad en la que participan más de 15 mil personas, que hoy se manejan principalmente por las directrices del mercado.

La instancia busca resolver discrepancias con respecto a la incorporación de loteos irregulares en la ley N° 20.234 y el requisito de contar con un certificado de informaciones previo a la solicitud de regularización.

El texto pretende garantizar los derechos humanos y laborales de los funcionarios de ambas instituciones.

La idea es que los dineros del Fondo de Apoyo Regional sean destinados a proyectos de inversión directamente vinculados con el transporte.

El documento solicita, además, instruir al Ministerio del Trabajo y Previsión Social para focalizar la entrega de este beneficio en las regiones del país para mujeres jóvenes.

El texto también hace acusables constitucionalmente a los integrantes del tribunal y reduce de nueve a cinco los años de su ejercicio en el cargo.

Un grupo transversal de legisladores establece que dichos resultados sólo podrán presentarse en cifras agregadas de carácter nacional, regional, provincial o comunal.

El texto, aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados, busca asegurar el derecho de acceso a la justicia para todas las personas con discapacidad.

Legisladores piden una prórroga a la cotización previsional obligatoria para este sector; la creación de una cartera de seguros colectivos de renta vitalicia; la constitución de un estatuto jurídico exclusivo; y la realización de mesas interministeriales que aborden la problemática de los trabajadores a honorarios, entre otras materias.