Audiencia pública en la cual expusieron oralmente la Fundación Chile Ciudadano; los senadores señores Eugenio Tuma Zedán, Guido Girardi Lavín y Jaime Quintana Leal; la Asociación de Consumidores Marga Marga Provincia Inteligente (ACOMPI); entre otros.

Un grupo de diputados, apoyados por organizaciones de consumidores, firmaron el requerimiento por inconstitucionalidad presentado el día 20 de diciembre en el Tribunal Constitucional.

El TC, luego de la audiencia pública celebrada el día miércoles 6 de noviembre de 2013, informó haber acogido parcialmente el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Diputados.

El TC, en el marco el proceso Rol N° 2541-13, sobre requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Diputados.

«la no obtención o renovación de la cédula de identidad o pasaporte durante un período prolongado de tiempo, veintiún años si la persona tuviere menos de ochenta años de edad y quince si tuviere ochenta o más años, se fundamenta en que sus titulares probablemente han fallecido aunque no haya constancia de su muerte, por lo que su exclusión del Padrón Electoral resultaría justificada si ello efectivamente ha ocurrido.»

TC ordenó poner el presente requerimiento en conocimiento del señor Presidente de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados, enviándoles copia del mismo, del escrito, y de la respectiva resolución, para que, en su calidad de órganos constitucionales interesados, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de la comunicación, formulen las observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes, luego de lo cual, le corresponderá al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Por su parte, los Ministros Vodanovic, Fernández Baeza, Peña, junto a los Ministros Fernández Fredes y Viera-Gallo, han concurrido reiteradamente a las decisiones previniendo que la reclamación de la filiación no sólo constituye un derecho desde la perspectiva de posibilitar el legítimo ejercicio de las facultades que conlleva tal calidad; también constituye un derecho desde el momento en que permite concretar el derecho a la verdad biológica.

Con todo, deja constancia en su acuerdo de los motivos que cada uno de los Ministros esgrimieron como fundamentos de sus votos.

«privar a los atentados contra el derecho a la honra, que no constituyan delitos específicos, de la protección de la ley, pues, mientras las lesiones a otros derechos igualmente no constitutivas de delitos dan lugar a indemnización por todos los daños patrimoniales y morales causados, de acuerdo a la regla general (art. 2329), las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho a la indemnización del daño moral, que es naturalmente el producido por esta clase de atentados y, ordinariamente, el único».

Cabe recordar que el proceso para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la citada disposición legal se abrió de oficio por el Pleno del Tribunal –aunque con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes por las consideraciones que éste expuso en sus disidencias en los Roles Nº 943 y 1185-, luego de que previamente se había declarado inaplicable en los Roles Nºs 943 y 1185.