La parte requirente expone que la norma impugnada vulnera la garantía del juez natural y el principio de responsabilidad del Estado, al sujetar o condicionar el ejercicio de acciones jurisdiccionales, a una instancia previa de orden administrativo, es decir, ante un órgano que forma parte del Estado siendo “parte afectada y a la vez interesada”.

El requirente estima que la aplicación de la norma impugnada vulnera -entre otras garantías constitucionales- la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la libertad personal y la libertad económica, por cuanto la persona que fue condenada al pago, no era quien se encontraba obligada al mismo, sino que otra empresa.

La gestión pendiente invocada incidía en un juicio ordinario laboral de restitución de cobros indebidos de pensiones seguido ante un Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, en el que se encuentra pendiente de resolución un recurso de casación en el fondo que conoce la Corte Suprema, donde se impugnó la sentencia que desestimó la demanda por encontrarse prescrita la acción.

Las gestiones pendientes invocadas incidían en sendos recursos de casación en el fondo que conoce la Corte Suprema, con el objeto de anular las sentencias interlocutorias, que acogieron la caducidad de los derechos emanados de manifestaciones mineras y ordenan la cancelación de las respectivas inscripciones.

«La Sala designada por el Presidente del TC no admitió a trámite la acción deducida, pues el certificado acompañado por la requirente no da debido cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 79 de la LOCTC…»

La gestión pendiente invocada incide en un juicio criminal seguido ante un Juzgado de Garantía de Santiago, donde se dictó una resolución que sobreseyó definitivamente la causa por el delito de abusos sexuales en contra de menores de 14 años, y que, actualmente, se encuentra en apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Sala designa por el Presidente del Tribunal ordenó que, previo a resolver sobre la admisión a trámite de la acción de inaplicabilidad deducida, el requirente acompañara copia del contrato de salud previsional que suscribió con la Isapre, lo que fue cumplido, observándose que el referido contrato es de mayo del año 2001.

«…la circunstancia de que TVN haya indicado en sus contestaciones que hizo entrega a la reclamante del documento registrado en el DDI, únicamente puede entenderse como una expresión de que no se opone a que la reclamante acceda a la información requerida”.

La gestión pendiente invocada es un recurso de casación en el fondo mediante el cual pretende anular la sentencia que la condenó a reembolsar las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que mantenía en bienes fiscales o bienes nacionales de uso público.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 350 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, contenido en el Decreto N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, en relación con los artículos 3°, 67 y 169 del Código Sanitario, que incidirían en una causa seguida ante un Juzgado de Letras en lo Civil de Rancagua.La […]