El requirente, dentro de tercero día y en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 41 de la citada normativa, procedió a transcribir el texto íntegro del requerimiento que había deducido, “debidamente corregido” según expresó, y pidió al TC tener por subsanados los defectos representados y, en consecuencia, dar curso a la acción.

Razonó que acoger a trámite el requerimiento significaría dejar sin efecto una sentencia interlocutoria dictada en un proceso anterior incoado por la misma requirente.

El requerimiento se funda en que las disposiciones objetadas solo otorgan carácter informativo a la audiencia que se debe dar al deudor en relación a la solicitud de quiebra y privan a éste de su derecho a defensa, al impedirle hacer alegaciones y promover algún incidente.

Se solicitó declarar inaplicable los artículos 23 y 24 de la citada legislación, en relación a un reclamo de ilegalidad que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Ministro Fernández Baeza estuvo por declarar admisible el requerimiento y ordenar la suspensión del procedimiento en el que incide.

Al declarar inadmisible el requerimiento el TC que reiteró que debe verificar el cumplimiento, entre otras exigencias, de aquella según la cual la norma legal impugnada pueda tener incidencia decisiva en la resolución de la gestión judicial pendiente de que se trata.

Las declaraciones antes referidas se solicitan respecto de dos procesos judiciales. Una acción de dominio y otra de nulidad de derecho público interpuesta en contra de la citada Resolución.

La Primera Sala, sin ulterior recurso, decidió no acoger a tramitación el requerimiento, al estimar que la impugnación contenida en él resulta ajena a la causal que autoriza interponerlo y, por consiguiente, que carece de fundamento.

La acción de inaplicabilidad se interpone en relación a un proceso seguido ante un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) en el que se dictó sentencia condenatoria en contra del requirente.

El TC resolvió que el requerimiento no cumplía con el presupuesto constitucional de que “la impugnación esté fundada razonablemente”.