Señaló el Tribunal que es posible exigir que el ejercicio del derecho a votar de estas personas se adapte en virtud del peligro potencial de infección o contagio.
La sentencia señala que, corresponde a la Justicia Electoral el conocimiento de todas las acciones que se incoen en relación a procesos electorales en el ámbito municipal.
Los reclamantes arguyen que, la lista de postulantes a la directiva, en la que se repostulaba el actual Director Ejecutivo de la Federación fue excluida por el Tricel de la Federación.
El 28 de julio comenzó a correr el plazo de 10 días para que quienes hayan sido omitidos del Padrón Auditado, figuren con datos erróneos o estimen que deben aparecer en él, reclamen ante el TER de su domicilio electoral.
Respecto de las tachas a los testigos, se alega que el Tribunal sólo se limitó a analizar la formulación de la tacha; sin siquiera recibir las tachas a prueba; lo que implicó que los testigos que presentaron los requirentes carecieran de imparcialidad.
Los recurrentes arguyan que los antecedentes que acompañan en autos permiten acreditar el perjuicio al patrimonio municipal de la comuna, y que la resolución impugnada carece de fundamentos razonables para el rechazo de la solicitud.
La decisión del TER, señala el recurso, se aparta preocupantemente de la letra y espíritu de la ley.
La sentencia aprobó los gastos ejecutados por el Partido respecto de talleres que estaban programados después del 18 de octubre de 2019.
El Sindicato señala que la Empresa reclamante se niega a recibir a su Director, no autoriza ni paga los permisos sindicales, lo que evidentemente perjudica la función sindical, y los intereses de todos los socios.
El caso Chiafalo vs. Washington se ocupó de una ley que multa a los electores presidenciales que van en contra del voto popular en ese estado. Los peticionarios son tres electores presidenciales de 2016.
