El recurso arguye que todos los hechos y actos que se invocan en contra de la Alcaldesa para excluirla del padrón electoral, son posteriores al día 6 de junio de 2020, y por tanto no existe ninguna contravención legal que justifique la exclusión de ella del padrón electoral.

El reclamante señala que, como miembro del sindicato y ex dirigente sindical, solicita que se abra una investigación ante las irregularidades que alega.

Los concejales recurrentes alegan que obran amparados por lo dictaminado por la CGR, en R. Ex. N° PD00879, que señaló que la ex Alcaldesa, incurrió en responsabilidad administrativa.

La sentencia señala que, corresponde a la Justicia Electoral el conocimiento de todas las acciones que se incoen en relación a procesos electorales en el ámbito municipal.

Respecto de las tachas a los testigos, se alega que el Tribunal sólo se limitó a analizar la formulación de la tacha; sin siquiera recibir las tachas a prueba; lo que implicó que los testigos que presentaron los requirentes carecieran de imparcialidad.

Los recurrentes arguyan que los antecedentes que acompañan en autos permiten acreditar el perjuicio al patrimonio municipal de la comuna, y que la resolución impugnada carece de fundamentos razonables para el rechazo de la solicitud.

La decisión del TER, señala el recurso, se aparta preocupantemente de la letra y espíritu de la ley.

La sentencia aprobó los gastos ejecutados por el Partido respecto de talleres que estaban programados después del 18 de octubre de 2019.

La sentencia señala que el incidentista por su negligencia, habría convalidado el acto supuestamente nulo.

La resolución del TRICEL, señala que los reclamantes no lograron desvirtuar los cargos por los que se les sancionaba.