La Corte considera que el asunto debe ser planteado por medio de las vías ordinarias que la propia legislación procesal penal prevé al efecto.
La decisión se basó en el informe psicosocial del condenado que no recomendó que éste accediera al beneficio de la libertad condicional, sugiriendo continuar con su plan de intervención.
Los amparados llegaron al país escapando de persecusión política.
Máximo Tribunal señaló que es prudente levantar dichas medidas mientras se encuentren recursos procesales pendientes.
El máximo Tribunal estimó que la actuación de la autoridad regional es ilegal y arbitraria.
Recurrente estimó vulnerada su libertad personal.
La amparada considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
El máximo Tribunal señaló que el recurso de amparo no es la vía para corregir eventuales errores procesales.
La PDI consideró que el dinero que portaba era insuficiente para la estadía en el país.
Máximo Tribunal ordenó que el amparado cumpla su arresto en su domicilio.
