Existía una orden de citación de 2008 en contra del amparado.
La recurrente considera vulnerado su derecho a la defensa.
La Corte consideró que los fundamentos del acto administrativo no se ajustan a las causales de expulsión que detenta la autoridad pública.
La diferencia en el cálculo se da con un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Corte de Santiago señaló que hechos denunciados no se ajustan a los fines de la acción constitucional de amparo.
La Corte señaló que de acuerdo a lo informado por Carabineros y por el Ministerio Público no se logró verificar la existencia de actuación de alguna autoridad que amenace o perturbe de manera arbitraria o ilegal la garantía contenida en el N°7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República
Los amparados consideran vulnerados su derecho a la libertad personal y seguridad individual.
La Corte señaló que las manifestaciones públicas son escenario de hechos cuya naturaleza es confusa y que, en caso de revestir los caracteres de delito, el recurso de amparo no es la vía procesal idónea para establecer responsabilidades que requieren de un juicio de lato conocimiento.
La audiencia solicitada es de ampliación y cierre del plazo de investigación.
El recurso se dirige finalmente a la Comisión de Libertad Condicional.
