Los Ministros Bertelsen y Correa concurrieron a lo resuelto en base a otros fundamentos, pero observan que la acción de inaplicabilidad no es un modo de corregir actos jurisdiccionales en que se haga una aplicación incorrecta o indebida de un precepto legal, aunque de ello resulte una infracción a una garantía constitucional.

El Tribunal insiste que el control de cada una de estas condiciones y limitaciones no queda entregado a la sola determinación de la autoridad regional, desde que se puede reclamar ante los Tribunales Ordinarios, que es precisamente lo sometido al control y revisión ante el juez de la gestión pendiente.

Reconociendo que los bomberos son fundamentales para el país, la Asociación de Aseguradoras reclama que debe haber una solución de parte del Gobierno para que bomberos tengan una sistema previsional moderno y de acuerdo a sus necesidades que cubra las contingencias que enfrenten.

El TC verificó que la gestión invocada en el requerimiento se encuentra fallada por sentencia ejecutoriada y que el cumplimiento de lo resuelto está aun pendiente ante el juez del fondo que decretó un embargo.

En mérito de las respuestas ofició al JG a fin de que informara acerca de la existencia y naturaleza de las gestiones pendientes en dicha causa.

El TC ya había tenido oportunidad de pronunciarse sobre una impugnación análoga al rechazar una acción de inaplicabilidad descartando que la norma de la Ley de Quiebras cuestionada fuera contraria a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y a la garantía general de que los preceptos legales que regulen derechos constitucionales no podrán afectarlos en su esencia.

El requirente afirma que las disposiciones que impugna son contrarias al DL Nº 993, el cuál “tiene la misma fuerza obligatoria de las Leyes”; y refiriéndose a ese cuerpo normativo expresa que “desde 1973 hasta la vigencia de la Constitución de 1980, y sus modificaciones, se estableció un ordenamiento jurídico provisorio, en que la regulación legal se efectúa por medio de Decretos Ley(es)…”.

El TC observa luego que el requirente compareció formulando una sola alegación o defensa -vinculada al incumplimiento tributario en la emisión del título-, sin controvertir la existencia de la obligación, su naturaleza ni el estado de insolvencia.

La Tesorería planteó que el requerimiento debe ser rechazado por haberse formulado con carácter preventivo, pues no ha sido decretado aún el arresto ni resuelta por el tribunal la petición formulada por el deudor en orden a que se aplique el Pacto de San José de Costa Rica.

La impugnación fue desestimada luego de reiterar el TC que la facultad de los Directores Regionales del SII de aplicar sanciones administrativas, se enmarca dentro de su potestad sancionadora, la que no supone el ejercicio de la jurisdicción.