El derecho de propiedad sobre las pensiones de orfandad no pagadas de las que se privaría a la requirente en virtud de aplicarse el plazo de caducidad o prescripción establecido en el precepto que impugna; y derecho a la seguridad social que se vería afectado en su esencia por la limitación temporal que la norma establece, son las infracciones constitucionales que se denuncian.

El efecto inconstitucional que se alega se produciría al impedírsele a la requirente impugnar la sentencia de segunda instancia por medio del recurso de casación, lo que infringiría la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

El requirente se alzó, al amparo de la normal legal impugnada, en contra de una resolución de la Dirección del Trabajo que le ordenó reincorporar a una dirigente sindical a sus funciones habituales.

La gestión en la que incide el requerimiento es una acción de protección rechazada por la Corte de Iquique y apelada para ante la Corte Suprema.

La inadmisibilidad del requerimiento fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Baeza quien estuvo por acogerlo a tramitación.

La sentencia se acordó con el voto en contra del ministro Fernández Fredes, quien consideró que la Constitución ha confiado al legislador determinar las formas concretas en que se regulará la protección de la vida privada y de la honra de la persona y de su familia…

Ante el máximo Tribunal se encuentra pendiente de resolver un recurso de aclaración, rectificación o enmienda respecto de la sentencia que resolvió rechazar el recurso de queja aludido, siendo ésta la gestión pendiente invocada.

El TC se pregunta si puede volverse a accionar para reiterar que los preceptos legales eventualmente aplicables por los jueces del fondo adolecerían de los mismos vicios de inconstitucionalidad que se habían hecho valer en un anterior requerimiento por la misma parte, en idéntica gestión judicial y con iguales fundamentos, declarado inadmisible por sentencia firme.

La norma impugnada establece, en relación a la oportunidad procesal en que se puede acompañar la prueba documental, que “los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta la vista de la causa en segunda instancia”.

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el artículo 365 del Código Penal, en relación a una causa seguida ante un TOP de Viña del Mar.