Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional los artículos 23, inciso primero, y 24, inciso primero, del DL Nº 3.063 –Ley de Rentas Municipales-, en relación a un juicio ejecutivo de que conoce la Corte de Santiago en sede de un recurso de apelación.El requerimiento no fue acogido a tramitación, al concluir el TC que aquél […]

El requirente señala que un inmueble de su propiedad fue adjudicado por la mitad de su valor a la citada institución bancaria en pública subasta decretada por un juez civil, lo que daría derecho a cualquier otro vendedor para rescindir el contrato celebrado por causa de lesión enorme

De ese modo la norma impugnada permitiría que un particular “expropie” a otro particular y en su propio beneficio, creando un privilegio a favor de la actividad económica de generación de energía eléctrica en desmedro de la actividad silvoagropecuaria que es la que desarrolla la peticionaria.

La sentencia cita lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, para poner de relieve que al requerimiento deberán acompañarse, en su caso, copias íntegras “de los instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados”.

La Defensoría sostuvo que dicha norma infringe los artículos 19 N° 3 y 63 de la Constitución, dado que un DFL no puede ser fuente de delitos ni penas, porque ello supone una infracción al principio de legalidad.

La inconstitucionalidad es una contradicción entre normas, no entre la decisión de un juez y la que se estima más adecuada, ya que para reclamar por la posible aplicación errónea o equivocada de disposiciones legales existen los recursos procesales, razona la sentencia.

Razonó que ningún precepto de la Constitución ni tampoco de la Convención Americana de Derechos Humanos impiden expresamente la reforma peyorativa por parte de las sentencias que un tribunal superior expida en revisión de una de primera instancia…

El libelo reprocha al juez de la causa haber “efectuado una errada interpretación” de la citada disposición, impugnando la no recepción de la causa a prueba en la gestión judicial pendiente.

El requirente indica que el juicio referido corresponde a varias decenas de denuncias infraccionales y demandas de indemnización de perjuicios que han sido deducidas en contra del Instituto Profesional de Chile S.A. por alumnos de las carreras de Investigación Criminalística y Peritaje Judicial, y también por el Sernac.

El requerimiento fue acogido a tramitación por la Segunda Sala del Tribunal el día 25 de noviembre de 2008 decretándose la suspensión del procedimiento en el que incide, y la vista de la causa se fijó para el día 23 de abril de 2009.