Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, interpretado por el artículo 1° de la Ley N° 20.194, en un juicio ejecutivo laboral que se encuentra pendiente en estado de embargo ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. La requirente sostiene que ese tribunal […]

La Sala designada por el Presidente del TC resolvió que logró convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, siendo impertinente, por ende, que sea acogida a tramitación en forma previa a su examen de admisibilidad. (Roles Nºs 1727, 1749, 1753, 1771, 1781, 1788, 1789, 1823, 1828, 1834, 1860, 1878, 1890 […]

De ese modo –prosigue el fallo- se aprecia que el actor ha planteado un problema de interpretación y de determinación de preceptos legales aplicables a un caso concreto, y no propiamente un conflicto entre un precepto legal y la Constitución que deba ser resuelto por la Magistratura Constitucional

(…)está planteado como un requerimiento de inaplicabilidad de un precepto legal, en circunstancias que, en realidad, constituye una acción de inconstitucionalidad dirigida en contra de un auto acordado.»

El Tribunal observa también que el actor pretende la “aplicabilidad” de una norma a la gestión pendiente, cuando reiteradamente se ha destacado el efecto exclusivamente negativo de la declaración de inaplicabilidad…

De allí, entonces, que como se ha fallado anteriormente, al no ser la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad un medio idóneo para impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales, con la finalidad de revocar, enmendar, revisar, casar, o anular éstas…

En cuanto a la denunciada vulneración del derecho a la vida e integridad física, connota que aquel es precisamente el objeto de la gestión pendiente y que el Tribunal no puede, simplemente, dar por ciertas las palabras de la actora, ya que es ésta quien debe, en el juicio de fondo, demostrar sus dichos con evidencia.

«(…)por sentencia definitiva de primer grado se declaró terminado el contrato de arrendamiento de un inmueble, decisión que impugnó a través de sendos recursos de apelación y casación en la forma, pero que por efecto de la aplicación del precepto legal cuestionado el Tribunal de Alzada -llamado a conocer del recurso de apelación- estará impedido de decretar orden de no innovar.»

…destaca que el legislador ha ido derogando expresamente dicho injustificado condicionamiento procesal, por no ser conciliable con un régimen de Estado de Derecho.

Cita luego la doctrina que fluye de las decisiones que adoptó en los roles 1544, 1644, 1572, 1598 y 1629, para poner de relieve que debe distinguirse la fecha del contrato de salud previsional al momento de resolver si procede acoger o no un requerimiento de esta naturaleza.