Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso segundo del artículo 115 del Código Procesal Penal, que dispone “La resolución que admitiere a tramitación la querella será inapelable”. La gestión pendiente invocada incide en un juicio criminal seguido ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el que dictó una resolución que declaró admisible […]

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de nulidad en materia laboral que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de San Miguel, mediante el cual se pretende anular una sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo de San Bernardo.

Lo anterior, por cuanto estima que las citadas disposiciones legales podrían resultar decisivas en la gestión judicial que se encuentra pendiente, que es sólo el cumplimiento de la sentencia definitiva de uno de los procesos laborales seguidos ante el Juzgado de Letras de Rancagua y que, a su respecto, la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada.

La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual se demandó la nulidad de derecho público de una resolución exenta -que basada en las normas impugnadas- declaró la vacancia del cargo respecto de un funcionario por salud irrecuperable o incompatible para desempeñarlo.

La gestión pendiente invocada es un juicio penal seguido ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en el cual se dictó el auto de apertura de juicio oral y donde el requirente tiene la calidad de imputado y acusado.

La acción de inaplicabilidad incide en un recurso de apelación seguido ante la Corte Suprema mediante el cual se pretende revocar una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que desestimó una acción de protección que perseguía dejar sin efecto la decisión de un establecimiento educacional subvencionado que cobró matrícula a sus alumnos.

En tal sentido observa que el principio del contradictorio es una de las bases esenciales del proceso debido, y que de éste se infiere el derecho de las partes a intervenir, en condiciones de igualdad, sobre las materias que son objeto de decisión y, también, en la exigencia de que la prueba sea examinada y discutida por los antagonistas.

(…) al estimar que el precepto legal cuestionado podría resultar decisivo en la gestión judicial, que la acción de inaplicabilidad se encuentra razonablemente fundada y que no concurre ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la precitada disposición legal.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 24 del D.F.L. N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que autoriza a los establecimientos subvencionados bajo el sistema de financiamiento compartido a realizar cobros mensuales por alumnos.La acción de inaplicabilidad incide en un recurso de apelación seguido ante la Corte Suprema mediante el cual se pretende […]

Este sostiene que el CPLT resolvió que debía proporcionarse “toda la información requerida respecto del Director Nacional de FOSIS, con la sola excepción de la referencia de terceros dentro del proceso de selección”, lo que aquel estima afecta los principios de confidencialidad y reserva que amparan al proceso de selección.