se objetan las expresiones “en la forma que determine el Reglamento” e “inválido”, por cuanto se estima que vulneran la igualdad ante la ley y la no discriminación por razón alguna incluida el género de las personas.

«la exigencia de fundamento plausible para declarar la admisibilidad supone una condición que implica -como exigencia básica- la aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente, motivo por el cual la explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la base indispensable de la acción ejercitada»

La parte que goce de privilegio de pobreza en el juicio, no estará obligada a efectuar depósito previo alguno.

Uno de los procesos se encuentra en etapa de preparación ante un Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y los otros dos se encuentran con recursos de nulidad pendientes ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal por el delito de amenazas seguido en contra del recurrente ante un Juzgado de Garantía de Santiago.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional expresa que para resolver adecuadamente los requerimientos de que se trata, debe precisarse que la parte del precepto legal que se impugna distingue claramente dos situaciones: los tiempos de descanso a bordo o en tierra y las esperas que deban cumplirse entre turnos laborales.

La gestión pendiente invocada incide en un juicio de reclamación de la filiación no matrimonial seguido ante el Tercer Juzgado de Familia de Santiago, encontrándose la causa en la etapa de discusión, suspendida previa solicitud de las partes.

en relación con lo previsto en el artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el precepto legal impugnado podría resultar decisivo en la gestión judicial; la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada

«aún encontrándose pendiente el procedimiento principal sin que las excepciones hayan sido resueltas, la Tesorería ha procedido a retener la devolución anual de impuesto a la renta de la requirente, para luego compensar dichas sumas con las que son objeto de cobro a través del procedimiento principal».

La jueza requirente estima que la aplicación de la preceptiva impugnada podría vulnerar las garantías constitucionales referidas a la igualdad ante la ley, la supremacía del interés superior del niño y el derecho a la identidad, reconocidas explicita e implícitamente, conforme al artículo quinto de la Carta Fundamental, en relación con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en la medida que los presuntos hijos no podrían accionar o podrían hacerlo en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley, lo que no ocurre en el caso sub-lite.