TC declaró inadmisible inaplicabilidad que impugnaba norma que contiene el régimen de sanciones aplicables por la autoridad administrativa a los titulares de resoluciones de calificación ambiental.
«el requerimiento no explicita la forma cómo la aplicación concreta del precepto objetado en la gestión pendiente produce la infracción constitucional que se denuncia, apareciendo más bien como una impugnación genérica y abstracta al sistema de fiscalización y sanción ambiental».