«el caso específico del IVA, sostiene el TC que si bien esta Magistratura ha realzado la importancia de que se cumpla con el principio de legalidad tributaria en los términos descritos, ha admitido, sin embargo, que las disposiciones contenidas en la ley puedan ser complementadas mediante la potestad reglamentaria de ejecución contemplada en el artículo 32, N° 6°, de la Carta Fundamental».

«la norma impugnada no vulnera la Constitución. En primer lugar, por cuanto, expresan, no se vulnera la igualdad ante la ley. Es cierto que un sujeto procesal (el Ministerio Público) puede apelar y no los otros sujetos, incluido en este caso el Ministerio del Interior. Tal diferenciación, aducen, tiene fundamento: en primer lugar, por el rol que le corresponde al Ministerio Público en el proceso penal; en segundo lugar, en que el imputado goza de una presunción de inocencia (artículo 4° del CPP); en tercer lugar, como a él corresponde compilar la prueba, puede incurrir en la causal de exclusión de prueba consistente en inobservancia de garantías».

“el legislador no es libre para regular el alcance de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y asegura a todas las personas. Por el contrario, y como lo dispone el artículo 19, Nº 26°, de la misma, debe respetar la esencia del derecho de que se trata como también evitar la imposición de condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”

“Si el hijo es póstumo, o si alguno de los padres fallece dentro de los ciento ochenta días siguientes al parto, la acción podrá dirigirse en contra de los herederos del padre o de la madre fallecidos, dentro del plazo de tres años, contados desde su muerte o, si el hijo es incapaz, desde que éste haya alcanzado la plena capacidad”.

«quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, por cuanto, a su juicio, atendido el estado en que se encuentra la gestión judicial invocada, la disposición que se objeta no tendrá aplicación en ella, y, por consiguiente, no se cumplen los presupuestos legales y constitucionales para declararlo admisible».

«si bien antes se justificaba esta carga pública como una forma de retribuir al Fisco por la educación gratuita, hoy no tiene ningún asidero».

«lo cierto es que en este caso la norma impugnada le sirve de instrumento o herramienta procesal para reflejar su posición sobre el sustrato fáctico de la causa».

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 26 del DFL N° 850, de 1997 del Ministerio de Obras Públicas.La gestión pendiente invocada incide en autos sobre nulidad de derecho público de que conoce el 1° Juzgado Civil de Santiago, pendiente de ser notificada la resolución que recibe la causa […]

«la aplicación de la norma cuestionada afecta sus garantías constitucionales, en específico, el derecho a la protección de su vida privada y su honra, además del contenido esencial de dicho derecho, al restringirse la indemnización por daño moral derivada de imputaciones injuriosas a los exclusivos casos de prueba de daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero».

«en cuanto a la impugnación de la disposición octava transitoria de la Constitución Política, procede declarar la inadmisibilidad, por no ser procedente respecto de preceptos que no tengan rango legal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC».