La gestión pendiente invocada incide en un proceso sobre reclamación incoada por la actora en contra de la Resolución DGA Exenta N° 569, de 9 de marzo de 2012, de la Dirección General de Aguas, que se encuentra actualmente pendiente ante la Excma. Corte Suprema.

Se dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del primer párrafo del numeral 9º de la Ley Nº 18.101, que fija normas sobre arrendamiento de predios urbanos.

Las gestiones pendientes inciden en autos sobre constitución de concesión minera que conoce el 1° Juzgado de Letras de Calama.

La gestión pendiente invocada incide en autos criminales sustanciados ante el Juzgado de Garantía de Temuco, en actual conocimiento del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad.

La gestión pendiente invocada incide en autos sobre resolución de contrato con indemnización de perjuicios de que conoce el Juzgado de Letras de La Ligua.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de reclamación que conoce la Excma. Corte Suprema.

El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba la primera frase del inciso cuarto del artículo 70, y el inciso segundo del artículo 64, ambos del Libro IV del Código de Comercio.

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 20 de la Ley N° 19.234, modificado por la Ley N° 19.582.

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna los artículos 54, 55, 56 y 58 de la Ley N° 19.253.

El TC acogió un requerimiento respecto del artículo 75 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuya aplicabilidad o inaplicabilidad fue solicitada por la Corte de Apelaciones de Rancagua.